El gobierno de Javier Milei recortó los subsidios a la luz y el gas para aproximadamente 3 millones de hogares, logrando una reducción del gasto público de más de 5.600 millones de dólares.
La lista de hogares subsidiados en servicios de electricidad y gas natural se redujo en alrededor de 3 millones desde el inicio de la gestión de Javier Milei en 2023. Actualmente, 2,1 millones de hogares menos reciben ayuda en electricidad y 900.000 en gas natural por redes, en comparación con diciembre de 2023.
El resultado de esta política fue una reducción de subsidios equivalente a más de 5.600 millones de dólares. Medido en relación al PBI, ese gasto disminuyó de niveles cercanos al 1,4% a alrededor del 0,6%, en línea con la meta oficial de llevarlo al 0,5% en 2026.
Además, se llevó a cabo una exhaustiva depuración del padrón de beneficiarios. En ese proceso, la Secretaría de Energía identificó 15.518 hogares en countries y barrios cerrados que recibían subsidios, 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y 1,59 millones de hogares que reunían las condiciones para acceder a la asistencia pero nunca la habían solicitado. También se eliminó la asistencia a comercios e industrias.
En el servicio eléctrico, los hogares con subsidios pasaron de 10,8 millones en diciembre de 2023 (67,1% del total) a casi 9,23 millones al cierre de 2025 (55,8%). Con la implementación del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), ese universo se redujo a 8,73 millones de usuarios (53%). En gas por redes, los usuarios con asistencia bajaron de 5,64 millones (59,8%) a 5,12 millones a fines de 2025 (53,4%), y tras el SEF cayeron a 4,78 millones (49,8%), consolidando un escenario con mayoría de usuarios sin subsidios.
Desde 2022 se trabajaba en la reducción de subsidios mediante una segmentación por ingresos (N1, N2 y N3). A partir de este año, el gobierno simplificó el esquema reduciendo las categorías a hogares con subsidio y hogares sin subsidio, definidos por ingreso, patrimonio y consumo. El recorte impactó especialmente en los usuarios de ingresos medios, que bajo el esquema anterior accedían a subsidios parciales.
La recomposición tarifaria estuvo acompañada de una suba en los niveles de pago: la cobrabilidad escaló del 48% al 97% desde el comienzo de la gestión, mientras que la mora se redujo a alrededor del 3%.