En una conferencia de prensa, el Ejecutivo provincial anunció que será parte en la causa judicial contra Lidia Mabel Ojeda, detenida por ejercicio ilegal de la medicina, y apartó a dos autoridades sanitarias para garantizar una investigación imparcial.
El Gobierno del Chaco fijó posición este miércoles sobre el caso de Lidia Mabel Ojeda, la mujer detenida e imputada por presunto ejercicio ilegal de la medicina tras haberse desempeñado en hospitales públicos con una matrícula ajena. La secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, encabezaron la conferencia, aunque no aceptaron preguntas de la prensa al finalizar.
Durante el mensaje, Meiriño sostuvo que la gestión provincial actuó “con transparencia” desde el inicio de la investigación y cuestionó las críticas opositoras. “Nuestro Gobierno informa la verdad y la transparencia en cada situación que atravesamos, a diferencia de épocas anteriores donde la información se tapaba”, afirmó. Además, remarcó que las primeras denuncias fueron impulsadas desde el propio sistema sanitario provincial.
Según reconstruyó el Ejecutivo, el caso comenzó el 15 de abril de 2026, cuando el director del Hospital de Quitilipi elevó un informe alertando sobre la presencia de una mujer que realizaba guardias médicas utilizando la matrícula profesional N° 6822. El Ministerio de Salud confirmó que la acusada no tenía relación formal de dependencia con la cartera sanitaria y verificó que la matrícula pertenecía a otro profesional. La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N°3 de Sáenz Peña.
En paralelo, el Gobierno inició una Información Sumaria administrativa y resolvió apartar preventivamente de sus cargos al director de la Región Sanitaria II y al director del Hospital de Quitilipi. También se constituirá como querellante en la causa judicial. “Desde el primer momento en que se detectó la irregularidad activamos todos los resortes necesarios con la única finalidad de llegar a la verdad real”, sostuvo Meiriño.
La investigación judicial sumó una acusación más grave: Ojeda fue imputada también por homicidio con dolo eventual, y se analizan al menos tres muertes presuntamente vinculadas a sus intervenciones. Durante allanamientos se secuestraron documentación médica, sellos oficiales, uniformes sanitarios y un teléfono celular. Por su parte, el interbloque Frente Chaqueño presentó una denuncia judicial contra el Ministerio de Salud por presuntas fallas de control que habrían permitido que Ojeda trabajara durante meses en el sistema público.