En tres años, el gobierno nicaragüense ha otorgado concesiones a 16 compañías chinas que abarcan más de 1.300.000 hectáreas, equivalentes al 10% de la superficie del país, según datos de un exvicepresidente.
En octubre de 1979, tras el triunfo de la revolución sandinista, el gobierno nacionalizó las minas en Nicaragua. El decreto fue anunciado en Siuna, localidad del Caribe, ante una asamblea de mineros misquitos, sumos, creoles y emigrados del Pacífico. En Siuna funcionaba uno de los principales planteles mineros, operado por la Rosario Mining Company.
Bajo la dictadura de Somoza, las empresas mineras operaban como enclaves, similares a las bananeras en Centroamérica. Según documentos hallados en los archivos de la Rosario Mining, se registraron casos como el del minero misquito José Villarreina, quien murió al ser golpeado por un balde transportador. La empresa le envió una carta de despido tras su fallecimiento. También se encontraron comprobantes de coimas pagadas al entonces presidente Anastasio Somoza García: un cheque por 10.735 dólares (equivalentes a unos 135.000 dólares actuales) por cada seis meses, como comisión por cada kilo de oro embarcado.
Actualmente, el gobierno de Nicaragua ha otorgado concesiones a 16 compañías chinas en un lapso de tres años, abarcando más de 1.300.000 hectáreas (10.000 kilómetros cuadrados), según afirmó Sergio Ramírez, exvicepresidente del país y autor de este artículo. Esa área equivale al 10% del territorio nicaragüense y es mayor que la Comunidad de Madrid. Ramírez señaló que estas concesiones se realizaron sin estudios de impacto ambiental y sin consulta a comunidades indígenas.
El oro se ha convertido en el principal producto de exportación de Nicaragua, con cerca de 2.000 millones de dólares en 2025, y su primer mercado son los Estados Unidos, indicó Ramírez. Además, las empresas chinas no solo explotan oro y plata, sino que también compran tierra aurífera de contrabando desde Las Crucitas, en Costa Rica, donde la minería está prohibida por sentencia judicial. Las autoridades costarricenses estiman el valor del contrabando en 125 millones de dólares anuales.
Las compañías chinas buscan también explotar otros minerales como cobre, plomo, cobalto, uranio, litio, molibdeno, tungsteno, zinc, cromo y níquel, muchos considerados estratégicos en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China. Gran parte de las concesiones se ubican en reservas de la biosfera y territorios de comunidades ancestrales, según Ramírez.