Según el XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza 2026’ de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES), España registra la tasa más alta de pobreza infantil en la UE, con un 28,4% de menores viviendo bajo el umbral de pobreza, equivalente a 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes.
España registra la tasa de pobreza infantil más alta de toda la Unión Europea, con el 28,4% de los niños, niñas y adolescentes viviendo con ingresos por debajo del umbral de pobreza, según el XVI Informe El Estado de la Pobreza 2026, presentado este mes por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en el Congreso de los Diputados. En términos absolutos, 2,7 millones de menores están en esta situación, 8,8 puntos por encima de la media comunitaria (19,6%) y por delante de Bulgaria y Rumanía, que han logrado reducir su pobreza infantil de forma sostenida en la última década.
El informe, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat, señala que la pobreza infantil en España responde a causas estructurales. Desde 2015, la tasa apenas ha variado dos décimas, mientras la media de la UE mejoró 3,1 puntos en el mismo periodo.
La pobreza severa alcanza al 12,5% de los menores, frente al 8,0% del total nacional. La brecha de pobreza infantil se sitúa en el 29,0%, tres puntos por encima de la media. La renta media anual por persona de los menores (11.220 euros) es un 28,2% inferior a la del conjunto de la población (15.620 euros).
El informe destaca que la composición del hogar determina la exposición al riesgo. El 50,6% de las personas en hogares monoparentales está en riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), y en las familias numerosas la cifra alcanza el 47,1%. En ambos casos, la tasa de pobreza severa supera el 17%. El 80,7% de los hogares monoparentales tienen a una mujer como única adulta a cargo.
La intersección entre origen migratorio y tipo de hogar produce las situaciones de mayor vulnerabilidad. Más de la mitad de las personas de nacionalidad extracomunitaria que viven en hogares monoparentales están en pobreza severa (53,4%). El 67,5% de la infancia con padres de origen extranjero se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos de la Plataforma de Infancia recogidos en un análisis paralelo de junio de 2026.
Sin las transferencias del Estado (excluidas las pensiones de jubilación), la pobreza infantil se dispararía del 28,4% al 35,0%, lo que equivale a más de 520.000 menores adicionales bajo el umbral. Aun con ese efecto reductor, España es el país de la UE donde las transferencias sociales menos reducen la pobreza infantil en términos relativos: un 18,9% de descenso, frente al 56,8% de Finlandia, el 56,6% de Dinamarca o el 52,0% de Irlanda.
Las prestaciones de garantía de renta (Ingreso Mínimo Vital y rentas mínimas autonómicas) ampliaron su cobertura entre los menores en pobreza por tercer año consecutivo y llegan al 39,9% de los niños bajo el umbral, cuatro veces más que en 2019 (9,9%). El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), vinculado al IMV, pasó de beneficiar a 661.019 menores en enero de 2024 a 850.055 en enero de 2025. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que en 2024 el 72% de los menores con derecho a esta prestación no la recibía.
La vivienda actúa como factor clave. Más de la mitad de quienes viven de alquiler en hogares con menores destinan más del 40% de sus ingresos al arrendamiento. El 15,2% de los menores vive en condiciones de falta de espacio, cuatro veces más que en hogares sin menores (3,6%), y el 16,2% no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
La EAPN-ES advierte que el crecimiento económico por sí solo no resolverá el problema. A un ritmo de expansión del PIB per cápita similar al de los últimos años, España necesitaría 39 años para erradicar la pobreza y siete para alcanzar la media europea de pobreza infantil. La organización reclama un pacto de Estado que incluya medidas estructurales en garantía de rentas, vivienda e inversión en infancia equiparables a las de los países europeos con mejores resultados.