Pequeñas y medianas empresas denuncian un escenario de colapso productivo y solicitan políticas de reactivación del consumo ante la contracción económica.
La economía argentina presenta una dinámica de dos velocidades que afecta al entramado manufacturero. Mientras el Gobierno exhibe un superávit comercial sostenido por la primarización y los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las pequeñas y medianas empresas denuncian un escenario de colapso.
A pesar de que el gobierno de Javier Milei decidió cortar subsidios a sectores productivos como la construcción y el consumo, empresarios se acercan al Palacio de Hacienda para plantear la necesidad de un plan de auxilio para reactivar compras y evitar una profundización de la informalidad patronal y laboral. El ministro de Economía, Luis Caputo, dio señales de coincidencia con este planteo, que además beneficiaría al oficialismo en el escenario electoral del año próximo, pero choca contra el pragmatismo de la Casa Rosada.
Según fuentes consultadas por PERFIL, los empresarios que visitaron el quinto piso del Ministerio de Economía recibieron la promesa de activar “algún mecanismo” para incentivar el consumo, ya sea por tasa de interés bonificada o alguna herramienta de bajo costo, sin una fecha clara. “Se va a ajustar de acuerdo al impacto social y su efecto en las urnas”, razonaron dueños de empresas que mantienen contacto con autoridades productivas.
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, afirmó que el mercado interno “viene cayendo permanentemente, ya más de ocho meses consecutivos”, una contracción que arrastra a las áreas más intensivas en generación de mano de obra. “Prácticamente todas las industrias vienen, unas más que otras, con caídas”, sostuvo. La crisis golpea especialmente al sector textil, metalúrgico, fabricantes de bienes de capital y rubro del calzado.
El deterioro del consumo derivó en una ola de quiebras y destrucción de puestos de trabajo. Rosato indicó que durante 2025 la apertura de concursos preventivos sufrió “un 130% de incremento con respecto al 2023”. La tendencia empeoró en el arranque de 2026: “Solamente en Capital Federal fueron 90 concursos preventivos contra 180 o 190 de todo el 2025”. Según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, esto se tradujo en una pérdida promedio de algo más de 34.000 empleos mensuales.
Ante el derrumbe de la demanda, algunas firmas se reconvirtieron temporalmente hacia la importación porque las compañías “vieron el gran negocio de la Argentina, que es importar a un tipo de cambio muy barato”, reconoció Rosato. Sin embargo, “el problema de la Argentina hoy es que no hay ventas”, aclaró, situación que dejó a los propios importadores con un sobrestock inmanejable.
En el ecosistema pyme consideran que el esquema económico es asimétrico. “Nosotros somos caros en dólares, es decir, los costos en dólares no bajan y de alguna manera el gobierno no está apoyando al sector pyme”, reclamó el dirigente. Mientras el Congreso aprobó un “súper RIGI” para grandes corporaciones, las fábricas de menor escala carecen de financiamiento bancario, soportan alta presión tributaria y operan en desventaja competitiva, sobre lo que incluso el Fondo Monetario Internacional alertó.
Los industriales impulsaron un proyecto de ley de emergencia económica, laboral y fiscal que quedó empantanado en la Comisión de Presupuesto del Senado. “El problema es que ese proyecto no lo votan los legisladores” y “el gobierno no hace nada por destrabarlo”, se quejó Rosato. La iniciativa exige que por un año se frenen los embargos y se eviten despidos, con facilidades de pago y acceso a créditos productivos con tasas blandas.
Las pymes también reclaman control estricto ante el ingreso de productos del exterior a “precio dumping”. Rosato denunció que hay industrias enteras sufriendo “una competencia desleal atroz que nos está destruyendo”. Por eso, consideran imperativo modificar la instrumentación de los flujos de importación para equilibrar el terreno mientras persista la recesión.
Para los industriales, la reactivación productiva depende de la recuperación del poder adquisitivo de los asalariados. Tras remarcar que los trabajadores “han perdido 40% de su poder de compra” y están ahogados por deudas de tarjetas de crédito, Rosato pidió “buscar medidas como el Ahora 12, que vuelva el Ahora 12 para reactivar el mercado”. La lógica del sector indica que sin una política pública activa que otorgue mayores plazos de financiamiento al consumidor, las ventas seguirán estancadas y la recaudación estatal continuará en caída por la migración hacia la informalidad.
El contraste con los grandes enclaves exportadores deja en evidencia que los derrames financieros no llegan a la base manufacturera. Rosato puso como ejemplo el desarrollo de Vaca Muerta y su récord de producción de hidrocarburos, que “no se ve reflejado en ningún lado, en el mercado, en las pymes”. Según explicó, las multinacionales “compran todo lo que puedan en el exterior, lógicamente a un precio más bajo”. Frente a esta desconexión y la falta de respuesta oficial, las cámaras empresarias advierten que necesitan medidas urgentes para evitar la extinción de miles de pymes en el país.