El presidente Javier Milei planteó actualizar la Ley General de Sociedades para permitir corporaciones no humanas gestionadas por inteligencia artificial. La propuesta generó respuestas del historiador Yuval Noah Harari y abrió un debate sobre los límites de la autonomía de la IA en el sistema económico.
El presidente Javier Milei propuso modificar la Ley General de Sociedades para habilitar la creación de entidades con personalidad jurídica, responsabilidad limitada y capacidad de operar de forma autónoma mediante agentes de inteligencia artificial (IA). La iniciativa fue publicada originalmente en el diario Financial Times y generó una respuesta del historiador Yuval Noah Harari.
Según la propuesta, estas sociedades no humanas podrían tener patrimonio, contratos, demandas y poder indirecto, operando como actores económicos independientes. Harari sostuvo que otorgar personalidad jurídica a estas entidades implica entregarles control sobre el sistema financiero, económico y político sin un humano al que responsabilizar.
Actualmente, existen bots de trading autónomos, sistemas de pricing dinámico, campañas publicitarias optimizadas por IA, organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs) con tesorerías on-chain y agentes que coordinan microempresas o aprueban créditos. La legislación vigente, diseñada para un contexto pre-internet, pre-Bitcoin y pre-ChatGPT, no contempla estas realidades.
Desde Argentina, el debate se inscribe en un contexto de talento técnico, alta adopción de criptomonedas y comunidades activas de IA. La posibilidad de convertir a Buenos Aires en una jurisdicción atractiva para la innovación agentic se contrapone a debilidades estructurales como justicia lenta, presión fiscal compleja, capacidad regulatoria desigual e informalidad.
La propuesta de Milei y la crítica de Harari abren una discusión sobre la necesidad de equilibrar la audacia innovadora con frenos institucionales. Se plantea la incorporación de responsables humanos identificables para funciones críticas, trazabilidad de decisiones, auditorías técnicas, capital mínimo, mecanismos de apagado y prohibiciones a financiamiento político opaco.
El debate se centra en si la IA debe seguir siendo solo una herramienta al servicio de personas y empresas, o si puede operar como actor económico independiente. La actualización legal, según los impulsores, es inevitable ante la fragmentación y avance de estas tecnologías.