El proyecto AB 1686, presentado en la Asamblea de California, no avanzó en el proceso legislativo y quedó sin efecto. La iniciativa buscaba permitir que una segunda o tercera infracción por conducir bajo los efectos del alcohol dentro de diez años pudiera procesarse como delito grave.
El proyecto AB 1686, presentado durante la sesión legislativa 2025-2026 de la Asamblea de California, no fue aprobado. La iniciativa, que buscaba modificar las sanciones para casos de conducción bajo los efectos del alcohol (DUI), quedó registrada como “Failed” después de que el 21 de abril de 2026 el comité la remitiera sin adoptar nuevas medidas, conforme a la Regla Conjunta 62(a).
La legislación vigente en California prohíbe conducir con una concentración de alcohol en sangre de 0,08% o superior o bajo la influencia del alcohol. Una primera infracción suele castigarse como delito menor. Cuando existen antecedentes dentro de un período de diez años, las sanciones aumentan progresivamente mediante multas, suspensiones de la licencia y otras penalidades.
Actualmente, quien acumula tres o más condenas previas por DUI dentro de una década puede enfrentar cargos por delito menor o grave en una nueva causa, según las circunstancias y la decisión de la fiscalía. El AB 1686 pretendía adelantar ese umbral: de haber sido aprobado, habría permitido que una segunda o tercera infracción dentro del período de diez años también pudiera procesarse como delito grave, dejando a discreción de los fiscales la elección entre cargos graves o menores.
El fracaso del AB 1686 se produjo en un contexto de debate sobre la política de seguridad vial en California. Según informó CalMatters, el proyecto integraba un conjunto de 17 iniciativas presentadas por legisladores después de una investigación sobre conductores peligrosos y las deficiencias del sistema estatal para retirarlos de circulación.
Durante las audiencias legislativas, familiares de víctimas de siniestros viales y varios legisladores expresaron su respaldo a sanciones más estrictas para quienes reinciden en conductas peligrosas, especialmente en casos relacionados con el consumo de alcohol. Por otra parte, organizaciones progresistas y defensoras de derechos civiles sostuvieron que aumentar las penas no constituye la solución principal y abogaron por priorizar mejoras en el diseño de las calles, medidas de pacificación del tránsito y políticas preventivas.
Mientras el AB 1686 quedó archivado, otras iniciativas vinculadas con la seguridad vial continuaron su avance en el proceso legislativo, aunque varias fueron modificadas respecto de sus versiones originales. De acuerdo con CalMatters, aproximadamente la mitad de las 17 propuestas seguían con vida después de la primera ronda de audiencias y votaciones.
Entre las iniciativas activas figuraban proyectos para cerrar vacíos legales que permitían a algunos conductores evitar que determinadas condenas fueran informadas al Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), ampliar el uso de dispositivos de bloqueo de encendido mediante alcoholímetros para ciertos infractores, aumentar las sanciones por reincidencia en casos de DUI y extender los períodos de suspensión o inmovilización de vehículos por conducción temeraria.
Otras propuestas continuaban en trámite con modificaciones. Un ejemplo fue el proyecto SB 907, que originalmente contenía cinco cambios relevantes para endurecer las penas por conducir alcoholizado. Tras su paso por el proceso legislativo, solo tres de esas disposiciones sobrevivieron, mientras que las otras dos fueron eliminadas.