La medida de fuerza del martes paralizó los puertos argentinos y se levantó tras la derogación del decreto que impulsó Federico Sturzenegger y la oferta de una reducción de costos del 20%. El Gobierno convocó a una mesa de negociación para regular el sector.
El paro portuario que paralizó la actividad en los puertos argentinos durante la jornada del martes se levantó luego de que el Gobierno nacional derogara el decreto que había impulsado Federico Sturzenegger y ofreciera una reducción de costos del 20%, según informaron analistas en el ciclo Ronda de Editores de +Perfil.
El conflicto se centró en el rol de los prácticos, profesionales que asisten a los buques desde su ingreso hasta el desembarco de la mercadería. Según explicó Daniel Capalbo, se trata de un oficio técnico y escaso, ejercido por profesionales liberales bajo un sistema de cupos. “Los prácticos arreglan con los dueños de las navieras”, señaló, indicando que sus honorarios surgen de acuerdos entre privados y no representan un costo directo para el Estado.
El decreto original de Sturzenegger, dado a conocer el domingo por la noche, buscaba modificar esa lógica regulatoria. Ante la parálisis, el Gobierno optó por una salida en tres frentes: derogar el decreto, reducir en 20% los costos vinculados a la actividad y abrir una mesa de diálogo con los actores involucrados, incluida la Prefectura, según detalló Alejandra Gallo.
La medida original apuntaba a bajar el flete comercial y desacelerar los precios en la cadena productiva, en el marco de discusiones como la eventual privatización de la hidrovía, agregó Gallo.
Pablo Helman sostuvo que el paro portuario se inscribe en una semana con tensiones entre el Gobierno y los sindicatos, que incluyeron el conflicto docente, la disputa por el Estado y la presentación de gremios en Washington contra la reforma laboral. Gallo advirtió que el sindicalismo atraviesa “uno de los momentos más delicados” de los últimos años, presionado por el clima de campaña y el cuestionamiento social.
Uno de los ejes del debate es el sistema de cupos que limita el registro de prácticos habilitados, lo que impide a algunas empresas contratar profesionales de países limítrofes si no están inscriptos en el cupo vigente. La flexibilización de ese registro podría derivar en mejores condiciones de negociación para el sector, señaló Gallo.
Helman analizó que “todo lo que es la hidrovía, todo lo que son los puertos, es claramente parte del modelo del Gobierno”, en relación con la estrategia exportadora del Ejecutivo. “Lo que se pone en juego es también el poder del rumbo del Gobierno”, agregó.
Con la actividad portuaria retomada, la atención se centra en la comisión de negociación anunciada por el Gobierno, que reunirá a los actores involucrados para definir un marco regulatorio más estable. El resultado de esa instancia será determinante para evaluar si el conflicto quedó saldado o si se trató de una tregua transitoria.