Desde septiembre de 2025, una legislación estatal establece protocolos y requisitos de notificación para las escuelas y universidades cuando se presenta personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Una nueva legislación en California, conocida como Ley del Senado 98 (SB 98), transformó desde septiembre de 2025 la forma en que las instituciones educativas deben actuar ante la presencia de autoridades migratorias federales. La norma, firmada por el gobernador Gavin Newsom, introduce cambios sustanciales en el Código de Educación del estado.
Según el texto de la ley, esta fue concebida como una medida de urgencia para responder a situaciones que podían generar inquietud en las comunidades escolares, especialmente aquellas vinculadas con operativos de control migratorio. La legislación establece que todas las instituciones educativas, desde el nivel inicial hasta la educación superior, deben implementar protocolos específicos.
El objetivo declarado es garantizar que estudiantes, docentes y personal administrativo puedan continuar sus actividades en un entorno seguro e inclusivo, con acceso a información clara sobre sus derechos. Un aspecto clave es el requisito de verificar la legalidad de cualquier intervención. Las instituciones —especialmente en educación superior— no pueden permitir el acceso a áreas no públicas sin la presentación de una orden judicial válida.
Este enfoque refuerza la autonomía de las instituciones educativas frente a operativos federales y establece un filtro legal claro antes de cualquier intervención. Otro pilar de la SB 98 es la obligación de notificar de manera inmediata a toda la comunidad educativa cuando se confirme la presencia de autoridades migratorias en las instalaciones, aplicable a escuelas públicas, colegios comunitarios y universidades estatales.
La normativa indica que estas comunicaciones deben redactarse teniendo en cuenta el bienestar emocional de la comunidad, evitando generar alarma innecesaria. La SB 98 tiene carácter temporal y estará vigente hasta el 1° de enero de 2031. A partir de esa fecha, algunas de sus disposiciones serán derogadas o modificadas, aunque se mantendrán protecciones básicas relacionadas con la seguridad escolar. El estado también contempla la posibilidad de reembolsar costos adicionales que estas medidas generen para distritos escolares y organismos locales.