Friday, 4 September, 2026
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Impuesto a las grandes fortunas: un debate regional sobre desigualdad y recaudación

Un estudio analiza la viabilidad de aplicar un gravamen al patrimonio de los más ricos en siete países de América Latina, incluida Argentina, para recaudar miles de millones y mejorar la equidad tributaria.

La discusión sobre la desigualdad y la búsqueda de mecanismos para reducirla vuelve a tomar fuerza en América Latina. En el centro del debate se encuentra la propuesta de aplicar un impuesto a las grandes fortunas, conocida como “tasa Zucman”, un esquema que busca gravar los patrimonios más elevados para mejorar la equidad y reforzar la recaudación fiscal.

El planteo surge de un estudio impulsado por el economista Gabriel Zucman en el marco del Observatorio Fiscal Internacional. Según este trabajo, aplicar un impuesto del 2% anual sobre patrimonios superiores a los 100 millones de dólares en siete países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay) permitiría recaudar unos US$ 24.000 millones al año. La medida alcanzaría a apenas 3.000 individuos en una población total de 500 millones.

El objetivo del impuesto no es solo recaudatorio. Según explicó Vicente Silva, autor del informe basado en el estudio de Zucman, apunta a corregir distorsiones en los sistemas tributarios: actualmente, el 1% más rico paga proporcionalmente menos impuestos que la mitad más pobre de la población. Incluso existe una versión más ambiciosa del esquema, que eleva la alícuota al 3% y permitiría incrementar la recaudación hasta los US$ 36.000 millones anuales.

A nivel global, la iniciativa también ganó impulso. Durante la presidencia de Brasil en el G20 en 2024, se promovió un mecanismo similar para gravar fortunas superiores a los US$ 1.000 millones, derivando en un compromiso del bloque para avanzar en herramientas que aseguren una tributación efectiva de los patrimonios ultraaltos.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta cuestionamientos de fondo en términos económicos y de viabilidad política. Mientras algunos economistas destacan su potencial redistributivo y correctivo de ineficiencias, otros señalan desafíos prácticos y posibles efectos no deseados sobre la inversión.

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