A horas de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, criticó a la UBA y al periodismo, mientras los organizadores reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
A horas de la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para este martes 12 de mayo, el Gobierno nacional endureció su discurso contra las universidades públicas, el periodismo y los organizadores de la protesta. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de impulsar una “extorsión política” por el financiamiento de los hospitales universitarios y cuestionó públicamente el rol de docentes, estudiantes y medios de comunicación en la convocatoria. Además, vinculó la movilización con sectores de izquierda y aseguró en redes sociales que desde ámbitos educativos “quieren que todos estemos bajo un régimen socialista”.
La movilización, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, confluirá en Plaza de Mayo desde las 17 bajo el reclamo de que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025 y posteriormente vetada por Javier Milei. La expectativa de los organizadores es repetir una convocatoria masiva, similar a la del 23 de abril de 2024.
En ese contexto, Álvarez salió al cruce de los reclamos de la UBA por la situación de sus hospitales universitarios. El funcionario sostuvo que las denuncias de desfinanciamiento responden a una estrategia política vinculada al clima electoral interno de la universidad. “Cada vez que hay una marcha o elecciones estudiantiles montan un show público”, afirmó el subsecretario, quien además rechazó las advertencias sobre la situación del Hospital de Clínicas y aseguró que las transferencias nacionales “se realizaron en tiempo y forma”.
Según detalló el funcionario, la UBA pretende captar cerca de 75.000 millones de pesos del fondo anual de 80.000 millones presupuestado para los hospitales universitarios de todo el país. En la visión de Álvarez, ceder ante este reclamo significaría dejar al resto de las casas de altos estudios con “apenas una pequeña parte de los recursos”, afectando la equidad en la distribución del sistema nacional.
El funcionario también apuntó contra la cobertura mediática de la protesta y publicó un mensaje en redes sociales dirigido al “periodismo independiente”. “¿Van a mostrar los micros estacionados que van a contratar para el 12 o también eso van a ocultar?”, escribió en X. En otra respuesta en redes sociales, Álvarez reaccionó ante el planteo de una usuaria que cuestionó que desde colegios universitarios se incentive la participación en la movilización. “Por ideología, son de izquierda y quieren que todos estemos bajo un régimen socialista”, respondió el subsecretario.
Además, el funcionario comparó la eficiencia de las instituciones, arremetiendo contra la Universidad Nacional de las Artes (UNA), a la que calificó como “la peor administrada”. Según los datos oficiales que difundió, el costo por graduado en la UNA asciende a más de 423 millones de pesos, frente a los 26 millones que registra la UBA, cuestionando la sostenibilidad de sus títulos de grado.
Las declaraciones se producen mientras el conflicto universitario suma semanas de paros, jornadas de protesta y reclamos salariales. Docentes, investigadores y nodocentes denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo y alertan sobre el impacto del ajuste en el funcionamiento de las universidades nacionales. Desde FEDUN, una de las federaciones que impulsa la protesta, remarcaron que “sin salarios dignos no hay universidad de calidad” y volvieron a exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias.
En paralelo, el Gobierno continúa judicializando el conflicto. Días atrás, el Ministerio de Capital Humano celebró que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concediera un recurso extraordinario vinculado a la disputa por la ley, lo que podría llevar nuevamente el caso a la Corte Suprema.