Diputados de La Rioja aprobaron una ley que declara nula la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, en el marco de un conflicto limítrofe que involucra recursos turísticos y mineros. San Juan rechazó la validez de la norma y anunció acciones judiciales.
La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó un proyecto de ley que declara la nulidad de la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Según las autoridades riojanas, aquella delimitación se realizó de manera unilateral, sin la participación del Congreso de la Nación y en perjuicio de su territorio provincial.
La nueva legislación riojana estableció la creación de la Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial. Asimismo, la norma instruye a la Fiscalía de Estado de La Rioja a iniciar acciones legales directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo judicial inmediato es solicitar medidas cautelares que impidan el avance de actividades o la explotación de recursos en las zonas en discusión hasta que el tribunal resuelva el fondo de la controversia.
Por su parte, el Poder Ejecutivo de San Juan rechazó la validez de la ley riojana y sostuvo que los límites geográficos de su provincia están consolidados legalmente. Las autoridades sanjuaninas manifestaron que las fronteras interprovinciales no pueden modificarse de forma unilateral mediante normativas locales, ya que cualquier alteración territorial requiere la intervención y aprobación del Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución Argentina.
El gobierno de San Juan convocó a los diferentes sectores políticos locales para coordinar la estrategia jurídica de defensa. La administración provincial adelantó que responderá formalmente ante las instancias judiciales correspondientes para mantener el control de las áreas cuestionadas.
La zona bajo disputa se extiende desde el Cerro El Potro hasta la región del Valle de la Luna. El área afectada reviste una importancia estratégica para ambas economías debido al turismo y la minería de alta montaña. El reclamo riojano comprende sectores cercanos al Parque Provincial Ischigualasto, administrado por San Juan y declarado Patrimonio de la Humanidad. Además, la traza pretendida alcanza los yacimientos mineros de Gualcamayo y áreas de influencia del Proyecto Vicuña, emprendimientos de cobre y oro en la cordillera.
Al tratarse de un diferendo entre dos Estados provinciales, la resolución final de la frontera común dependerá de los acuerdos políticos que se logren en el Congreso de la Nación o, en su defecto, del fallo definitivo que dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación.