El sindicato y concejales cuestionaron ceses desde el 1° de julio y denunciaron jubilaciones sin debido procedimiento administrativo.
Buenos Aires, 2 julio (NA)- El intendente de Morón, Lucas Ghi, quedó bajo presión por el envío de 170 telegramas de cese laboral a trabajadores municipales en condiciones de iniciar el trámite jubilatorio, una medida que generó rechazo gremial y político por presuntas irregularidades en el procedimiento.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los trabajadores fueron notificados para finalizar la relación laboral a partir del 1° de julio, mientras el Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham presentó una nota formal ante el Departamento Ejecutivo y pidió frenar la medida.
El gremio que conduce Gustavo Sanz afirmó que el procedimiento vulnera garantías laborales, previsionales y administrativas, porque las notificaciones tendrían efectos concretos sobre la continuidad laboral sin un acto administrativo individual, fundado y dictado por autoridad competente.
El conflicto golpea directamente a Ghi porque la decisión no depende de una empresa privada ni de otro nivel del Estado: fue impulsada por el propio Ejecutivo municipal y afecta a personal que presta servicios básicos para el distrito. Para el sindicato, la jubilación debe ser un derecho del trabajador y no una herramienta de descarte o ajuste sobre la planta municipal.
La tensión escaló también en el Concejo Deliberante. El bloque de Fuerza Patria Morón difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por los ceses y reclamó que el Ejecutivo suspenda la medida, revise cada caso junto a los trabajadores y convoque a las representaciones gremiales.
El planteo político se agravó con la intervención del exintendente Martín Sabbatella, quien calificó la decisión como “profundamente cruel e insensible” y acusó a la gestión de despedir personas sin respetar el procedimiento administrativo en un contexto de crisis económica.
La administración municipal no enfrenta solo un reclamo laboral. El caso abre una discusión más amplia sobre el uso de jubilaciones forzadas como mecanismo para reducir personal, el impacto sobre la carrera administrativa y la continuidad de servicios municipales en áreas que dependen de trabajadores con antigüedad.
La medida entró en vigencia el 1° de julio, según las notificaciones denunciadas, mientras el sindicato y concejales opositores pidieron que el municipio suspenda el procedimiento y abra una instancia formal de revisión y diálogo.
Agencia NA