El Consejo de Estado de Cuba aprobó dos decretos ley que reforman el sistema empresarial estatal y las cooperativas agropecuarias, según informó la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El Consejo de Estado de Cuba aprobó en una sesión extraordinaria dos decretos ley dirigidos a reformar el funcionamiento del sistema empresarial estatal y de las cooperativas agropecuarias. Ambas normas serán publicadas en la Gaceta Oficial para su conocimiento por parte de la población.
El primero de los decretos establece un marco para regular “los principios generales de organización y funcionamiento del sistema empresarial estatal para su transformación y desarrollo bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales”. El segundo reglamentará “la constitución, organización, integración y funcionamiento” de las cooperativas agropecuarias.
El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, afirmó que la aprobación de la nueva normativa “ratifica a la empresa estatal socialista como el sujeto principal” de la economía cubana.
Los decretos buscan incrementar la producción de bienes y servicios, atraer inversiones, fomentar las exportaciones y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.
Entre los principales cambios, la empresa estatal socialista podrá fijar precios mayoristas y minoristas, decidir el destino de sus utilidades una vez cumplidas sus obligaciones fiscales, realizar inversiones financieras y arrendar activos subutilizados a entidades estatales, actores privados o inversionistas extranjeros.
En el caso del sector agropecuario, la semana pasada funcionarios del Ministerio de la Agricultura adelantaron que las cooperativas estarán autorizadas a importar y comercializar combustibles como insumo, realizar operaciones de comercio exterior, gestionar financiamiento externo de manera directa y abrir cuentas bancarias fuera del país.
Las medidas también contemplan la eliminación de los límites de hectáreas para la entrega de tierras y del tiempo de explotación, además de ampliar el acceso a estos terrenos para todos los actores económicos, incluidos trabajadores por cuenta propia, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), empresas mixtas e inversionistas extranjeros.