Los fiscales federales Maximiliano Hairabedián y Pablo Nicolás Turano solicitaron el procesamiento del camarista Abel Guillermo Sánchez Torres y de la jueza Graciela Montesi. El pedido incluye el arresto domiciliario para Sánchez Torres, aunque su inmunidad judicial impide la detención hasta que el Consejo de la Magistratura resuelva su destitución.
Los fiscales federales Maximiliano Hairabedián y Pablo Nicolás Turano, de la Procuración Nacional, presentaron un escrito de casi cien páginas en el que solicitaron formalmente el procesamiento de los camaristas Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Montesi. El pedido incluye el arresto domiciliario para Sánchez Torres, imputado por abuso de autoridad y violencia de género institucional contra una funcionaria que estaba bajo su subordinación.
El juez Alejandro Sánchez Freytes, a quien está dirigido el requerimiento, no podría ejecutar la detención de inmediato debido a los fueros del magistrado. La detención solo sería posible si el plenario del Consejo de la Magistratura aprueba el proceso de destitución. Actualmente, hay cuatro denuncias contra Sánchez Torres en el organismo, la última presentada por Elisa Carrió, que se tramitan en la Comisión de Disciplina. Ante el pedido de detención, el juez podría informar al Consejo, y la Comisión de Acusación intervendría directamente.
Presunta manipulación de salas en la Cámara Federal
El requerimiento fiscal describe un presunto acuerdo entre los magistrados, quienes mantienen una relación de pareja, para manipular la integración de las salas de la Cámara Federal. El objetivo habría sido asegurar que ambos intervinieran conjuntamente en un expediente por evasión tributaria para beneficiar a exdirectivos de la cerealera Bunge. Para ello, habrían desplazado a la jueza que debía subrogar, la vocal Liliana Navarro.
Según la fiscalía, esta integración ilegal buscaba garantizar resoluciones favorables a los imputados de la cerealera. En el expediente “Padilla”, el tribunal conformado por la pareja confirmó por unanimidad la falta de mérito del acusado. Los fiscales califican estos hechos como el delito de abuso de autoridad (Art. 248 del Código Penal), imputando a Sánchez Torres y Montesi como coautores por dictar resoluciones contrarias a la ley nacional de subrogancias.
Violencia laboral contra Celina Laje
El segundo eje de la acusación se centra en el hostigamiento sufrido por la secretaria penal Celina Laje Anaya. Los fiscales sostienen que, ante la negativa de la funcionaria a confeccionar un certificado que validara la integración irregular en el caso Bunge, Sánchez Torres inició una campaña de maltrato y hostigamiento sistemático en su contra.
El requerimiento detalla actos de humillación pública y despojo de funciones que habrían provocado un quiebre en la salud física y mental de Laje, manifestándose con crisis de pánico e hipertensión que derivaron en licencias psiquiátricas prolongadas.
Por este motivo, Sánchez Torres ha sido imputado como autor de lesiones graves calificadas por mediar violencia de género. La fiscalía subraya que el daño a la salud de la víctima fue producto de una “suma de microviolencias” que la inutilizaron para el trabajo por más de un mes.
Fundamentos del pedido de arresto domiciliario
Debido a la gravedad de los hechos y al riesgo de que el magistrado continúe interfiriendo en la investigación —se denunciaron presiones a testigos y maniobras para “dirigir” el proceso—, los fiscales instaron al juez Sánchez Freytes a ordenar el arresto domiciliario de Sánchez Torres. No obstante, la fiscalía aclara que, por la ley de fueros, la privación de la libertad no podrá hacerse efectiva mientras el camarista mantenga su inmunidad de arresto.
En relación a Montesi, el pedido de procesamiento se basa en su participación como coautora del delito de abuso de autoridad por la presunta manipulación de las salas.