El magistrado André Mendonza, del Supremo Tribunal Federal, decidió remover al director general de la Policía Federal, Andrei Passos Rodrigues, y al director de Inteligencia, Leandro Almada da Costa, a 26 días de la primera vuelta electoral.
El juez André Mendonza, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, separó de su cargo al director general de la Policía Federal, Andrei Passos Rodrigues, de 55 años, y al director de Inteligencia de la corporación, Leandro Almada da Costa. La medida se conoció este jueves y ocurre a 26 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Rodrigues, delegado de la Policía Federal desde hace más de 20 años, fue designado en el cargo en enero de 2023 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mendonza ordenó además que se abran investigaciones penales y disciplinarias contra Rodrigues para esclarecer, según consignó, “graves hechos detectados” en la elaboración de informes.
La Fiscalía General de la República calificó la decisión como una “violación” institucional, al considerar que la orden unilateral del magistrado “quiebra la competencia exclusiva del Presidente de la República” en el nombramiento del director de esa institución.
El juez Mendonza tenía a Rodrigues bajo observación por ser responsable de investigaciones vinculadas al senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, en relación con el banquero Daniel Vorcaro, actualmente detenido.
Once directores de la Policía Federal presentaron su renuncia en rechazo a las medidas adoptadas por Mendonza. En un comunicado, señalaron que las decisiones “no tienen ningún fundamento” y que “revelan una acción no republicana”. También afirmaron que la actuación del magistrado muestra vínculos “a intereses político electorales”.
El día previo a la decisión, el senador Flavio Bolsonaro declaró en un acto en la Avenida Paulista: “Mi padre le pidió a Dios que saque el espíritu del mal”, y agregó: “Que el Señor lleve su espada justiciera a la Plaza de los Tres Poderes”. Ese mismo lugar fue escenario de la invasión del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Jair Bolsonaro ingresaron a los edificios del Congreso Nacional, el Planalto y el Supremo Tribunal Federal.
El ex presidente Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por esos hechos y cumple su pena en régimen domiciliario.
El gobierno de Lula apelará la medida ante el plenario de la Corte. El presidente se reunirá con el ministro Fachin, titular del Supremo Tribunal Federal. El coordinador legal de la campaña de Lula, Marco Aurélio Carvalho, declaró: “Es la democracia misma la que está en juego”. Y agregó: “En cualquier democracia, las elecciones deben decidirse por voto. No podemos permitir que los intereses políticos y electorales vuelvan a cooptar las funciones públicas”.