Sunday, 13 September, 2026
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Crédito de $52.600 millones en el Banco Nación: gerente trasladado tras negarse a firmar, empresa beneficiaria vinculada al FIFAgate

Un gerente del Banco Nación fue trasladado a 1300 kilómetros de su destino tras negarse a firmar un crédito de $52.600 millones para un desarrollo inmobiliario en Mar del Plata. La empresa beneficiaria, Jardines de Chauvin SA, está vinculada a Mariano Jinkis, quien admitió sobornos en Estados Unidos en el marco del caso FIFAgate. La Justicia federal concedió una medida cautelar que suspende el traslado.

La Casa Central del Banco Nación promovió que la Gerencia Zonal Atlántica firmara el otorgamiento de un crédito por más de $52.600 millones para financiar un desarrollo inmobiliario en Mar del Plata. La beneficiaria es Jardines de Chauvin SA, una sociedad constituida en junio de 2024, sin ingresos declarados y con balance negativo. El gerente zonal Pablo Pourrere se negó por escrito a firmar. Seis días después, desde Buenos Aires le notificaron su traslado a Reconquista, Santa Fe, a 1300 kilómetros de su destino y de su familia.

El traslado quedó en suspenso por una medida cautelar concedida por el juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, quien consideró que la medida “prima facie no se encontraría debidamente fundada en razones objetivas y técnicas”. El magistrado evaluó las “múltiples inconsistencias”, “groseras y de suma gravedad” denunciadas por Pourrere, las “deficiencias e inconsistencias de carácter técnico y documental” del crédito detectadas por la auditoría interna del banco y las “presuntas presiones indebidas” para que firmara el crédito.

La empresa beneficiaria, Jardines de Chauvin SA, tiene como socio mayoritario a Mariano Jinkis, quien junto a su padre, Hugo Jinkis, admitió en Estados Unidos el 26 de agosto pasado que pagó sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano por decenas de millones de dólares entre 2010 y 2015. La admisión se produjo en Nueva York tras firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia que evita la declaración formal de culpabilidad, pero contempla el pago de US$ 50 millones, en el marco de la investigación global FIFAgate.

Consultado por LA NACION, el Banco defendió su proceder interno, remarcó que no se otorgó el crédito y rechazó que el traslado de Pourrere responda a sus objeciones. Según la entidad, son “actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes y que responden a procesos de naturaleza distinta”.

En Jardines de Chauvin SA, Jinkis posee el 90% de las acciones. El otro integrante del directorio es Guido Murgier, titular del 10% restante y garante solidario del emprendimiento, que contempla la construcción de dos torres de 23 y 16 niveles, y 238 unidades funcionales sobre un terreno de 5700 metros cuadrados en la calle Larrea 2850, en el barrio Chauvin de Mar del Plata.

Según un informe de auditoría interna del banco, el sector Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios contactó al estudio Mariani Pérez Cañadas Arquitectos el 23 de enero de 2025 para que facilitaran un contacto de Jardines de Chauvin. La entidad sostuvo que fueron los representantes del estudio los que contactaron al Banco.

El estudio de arquitectos a cargo de la eventual construcción de las dos torres también enfrenta cuestionamientos por la construcción de otra torre de 35 pisos en la zona residencial Bahía Varese, proyecto que obtuvo la aprobación del Concejo Deliberante pero quedó bajo revisión judicial.

Durante 2025, empleados jerárquicos del Nación en Buenos Aires mantuvieron comunicaciones con los arquitectos y estimaron que el proyecto tenía “una factibilidad financiera favorable” y un crédito potencial por $35.600 millones, con “capacidad de repago consistente”.

El lunes 22 de diciembre convocaron a una reunión por Zoom a Pourrere y su equipo de Mar del Plata. Le enviaron una “memoria descriptiva” del proyecto inmobiliario y le indicaron que “el objetivo del encuentro será ajustar los requerimientos de las distintas instancias necesarias para cerrar el proceso de Calificación y asistencia del cliente”.

El viernes 26, Pourrere planteó su primera objeción. “Dado que es el primer ejercicio económico del cliente, y su balance es irregular, la firma no presenta ingresos durante el ejercicio considerado -remarcó-. En el Estado de Resultados se computaron los gastos administrativos y los resultados financieros y por tenencia, originando el resultado final negativo del ejercicio”.

Pourrere también alertó que en la documentación enviada desde Buenos Aires se consignaron obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, lo cual resultaba imposible porque la sociedad se constituyó en 2024. Solicitó que una evaluadora externa analizara el proyecto.

La evaluadora Serinco SRL tasó el proyecto en US$35,6 millones, equivalentes a $52.638 millones al tipo de cambio vigente. Sin embargo, en un documento remitido a Mar del Plata el 25 de febrero, desde Buenos Aires tomaron los dólares por pesos y plantearon que el proyecto costaría $35.600 millones. Los responsables emitieron una segunda acta con el monto correcto en pesos -$52.600 millones-, pero no la remitieron a Mar del Plata durante semanas, como tampoco enviaron el informe de la Subgerencia General de Integridad que alertó sobre el rol de Jinkis en el FIFAgate y recomendó imponer un “criterio reforzado de debida diligencia” si se otorgaba el crédito.

El acta del 25 de febrero con el monto erróneo se envió a Mar del Plata el 6 de marzo; la segunda, con el monto correcto, recién el 19 de marzo. El informe de “debida diligencia” sobre Jinkis, emitido el 19 de febrero, llegó a Pourrere el 26 de marzo.

El 3 de marzo, el área de Productos Hipotecarios le envió a Pourrere un “modelo de resolución” para que firmara el crédito. “Les solicitamos por favor avanzar con la propuesta formal de reciprocidad ya conversada con el cliente, incluyendo apertura de cuentas, ‘capitas’, tarjetas de crédito para socios y demás productos correspondientes”, plantearon desde “Área Central”.

Pourrere se negó. En los días siguientes recibió el acta de los $35.600 millones, la corrección a $52.600 millones, el informe de “debida diligencia” y la orden de traslado a una sucursal de categoría inferior. La resolución, firmada por el directorio del BNA, se fechó el 20 de febrero, pero se notificó el 25 de marzo.

La resolución también determinó el traslado de otros dos empleados jerárquicos: a uno lo ascendieron de la segunda a la máxima categoría; al otro lo mantuvieron en la categoría máxima. Ambos dieron su visto bueno. Pourrere no fue informado, no dio su visto bueno y fue descendido de nivel, aunque con la misma retribución.

Al día siguiente, Pourrere presentó su descargo, rechazó el traslado, denunció presiones para que impulsara el crédito y alegó represalias por su negativa a validarlo. El 1 de abril, la Subgerencia General Red de Sucursales dispuso la suspensión provisoria del traslado y solicitó una auditoría interna.

El 18 de mayo, la Gerencia Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios denegó la asistencia crediticia a Jardines de Chauvin tras invocar factores de riesgo reputacional e integridad.

El 8 de junio, el informe de auditoría interna detalló que el costo total del proyecto era de casi $79.800 millones, que el monto a financiar era de casi $52.700 millones, e identificó “deficiencias” e “inconsistencias” en el procedimiento, “debilidades en la documentación de respaldo”, “ausencia de evidencia de experiencia comprobable del usuario en materia de construcción de viviendas” y “falta de documentación” que demuestre vínculo entre el estudio de arquitectos y Jardines de Chauvin SA. También detectó que el crédito no comenzó a tramitarse en Mar del Plata ni fue pedido por los desarrolladores, sino que lo inició Buenos Aires, lo que solo quedó autorizado mediante una reforma instrumentada el 29 de mayo.

Los auditores plantearon que el Banco corría el riesgo de “posible inadecuado otorgamiento de préstamo” y “eventuales pérdidas económicas para la institución”, además de “posible riesgo reputacional”, pero aclararon que ello “no invalida el proceso en su conjunto” porque era subsanable. El banco desistió del crédito y mantuvo el traslado de Pourrere a Reconquista. El 25 de agosto le ordenaron ocupar su nuevo puesto en el plazo de una semana.

Con 36 años en el banco y diez como gerente zonal, Pourrere acudió a la Justicia. El juez Bibel ordenó la cautelar tras sopesar el dictamen del fiscal federal Daniel Adler. Valoró que la resolución del Directorio del 20 de febrero nunca fue adjuntada a Pourrere en los e-mails que la invocaban, “lo que obstaría al pleno ejercicio del derecho de defensa, que debe resguardarse aún en instancias administrativas”. Consideró que no resulta razonable disponer la efectivización de un traslado con cuatro días hábiles de anticipación, cuando las presentaciones previas del agente no constaban resueltas.

Abogados del Banco deberán presentarse ante la Justicia federal en Mar del Plata. La entidad indicó que de la documentación interna “surge que la decisión de denegar la solicitud de financiamiento presentada por Jardines de Chauvin SA fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios mediante resolución de fecha 18 de mayo y comunicada posteriormente a Pourrere, quien no intervino en la instancia de decisión de la solicitud”.

“Del mismo modo -abundó-, la cronología permite advertir que el traslado dispuesto al Sr. Pourrere tuvo origen en la Resolución de Directorio Nº 356 de fecha 20 de febrero pasado, es decir, con anterioridad tanto al inicio de la auditoría como a la denegatoria de la solicitud de financiamiento. En consecuencia, se trata de actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes y que responden a procesos de naturaleza distinta”.

El BNA planteó que “la decisión de denegar la operación fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios, mientras que las medidas vinculadas al traslado [de Pourrere] respondieron a un procedimiento administrativo independiente y anterior. En consecuencia, el banco se presentará ante la Justicia para plantear todas las acciones legales y procesales correspondientes para la adecuada defensa de sus derechos e intereses frente a la medida cautelar dictada”.

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