Más de 270 personas protegidas por el programa para migrantes llegados en la infancia han sido detenidas, según informes. El gobierno sostiene que el estatus no confiere un derecho permanente a permanecer en el país.
En el marco de las políticas migratorias de la administración Trump en Estados Unidos, los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se encuentran entre los grupos afectados. Reportes indican que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha detenido a más de 270 personas con este estatus y deportado a 174, según datos de The Guardian. Otras fuentes elevan la cifra de detenidos a 343 en los primeros once meses del año pasado.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha señalado que el DACA, que se renueva cada tres años, no otorga un estatus legal permanente. “El DACA no ofrece un estatus legal. El estatus se renueva por tres años y luego expira”, figura en un documento citado por la ex secretaria del DHS, Kristi Noem. Un portavoz del DHS afirmó a The Guardian: “Para que quede claro: DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país. Cualquier inmigrante indocumentado beneficiario puede ser arrestado y deportado por diversos motivos”.
La administración Trump argumenta que el programa es “sustantivamente ilegal” al no haber sido autorizado por el Congreso, lo que lo pondría en conflicto con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). El DHS sostiene que el 92% de los detenidos tenían antecedentes penales, aunque defensores de los inmigrantes reportan que también se han visto afectadas personas sin historial delictivo.
Medios como PBS han documentado casos particulares. Uno es el de Juan Chávez Velasco, un profesional de laboratorio en Texas con DACA activo, quien fue detenido en febrero mientras llevaba leche materna a su hija prematura en cuidados intensivos. Su arresto se basó en una orden de remoción de 2005. “Él intentó explicarles que tenía DACA y un permiso de trabajo. Pero fue detenido ese mismo día”, relató su esposa, Stephanie Villarreal.
Desde organizaciones de derechos de inmigrantes, como expresó la abogada Veronica Cardenas a Times of San Diego, se cuestiona la posibilidad de obtener un resultado justo en los tribunales de inmigración actuales, abogando por la intervención de jueces federales.