El gobierno argentino ha disminuido su presencia en foros multilaterales de derechos humanos, como el Consejo de la ONU, y ha dejado de participar en debates y exámenes periódicos, según informes de organizaciones internacionales.
En marzo de 1988, el fiscal Julio César Strassera, quien lideró la acusación en el juicio a las Juntas Militares, encabezó la delegación argentina en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Casi cuatro décadas después, el gobierno de Javier Milei ha modificado su postura en estos organismos, según reportes de organizaciones internacionales de derechos humanos.
El exvicecanciller Carlos Foradori, embajador ante los Organismos Internacionales en Ginebra, no participó este año en el Consejo de Derechos Humanos por decisión del Gobierno. Como resultado, Argentina no tiene derecho a voto al no ser miembro activo, y su intervención se limitó a temas como la oposición al chavismo en Venezuela, la teocracia iraní o la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.
Dorothea Krueger, de la organización Cadal, escribió: “Bajo el gobierno de Milei, la Argentina abandonó su rol tradicional como impulsor del derecho internacional de los derechos humanos y participante activo en los foros multilaterales de derechos humanos”. Krueger señaló que Argentina no participó en enero pasado en el Examen Periódico Universal (EPU) que trató la situación de Ruanda.
Desde agosto del año pasado, cuando el país retiró su candidatura para integrar el Consejo entre 2026 y 2028, Argentina dejó de participar en exámenes de Panamá, Honduras y Jamaica. Sí intervino en ocho de 42 países analizados, entre ellos Irán, Nicaragua y Venezuela, y defendió a aliados como El Salvador e Italia.
Ricardo Lagorio, exembajador argentino ante la ONU en Nueva York, declaró: “Los derechos humanos no son un invento del kirchnerismo, están en nuestra Constitución”. Lagorio agregó que Argentina también ha dejado de participar en la tercera comisión de la ONU, que aborda temas sociales y de género.
Argentina se retiró formalmente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo y mantiene una mora en el pago de contribuciones a la ONU. En la Asamblea General, la delegación votó en contra de cuestionar la esclavitud como “crimen de lesa humanidad más grave de la historia”, coincidiendo con Estados Unidos e Israel.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, afirmó: “La Argentina contó históricamente con un reconocimiento internacional construido durante décadas… Sin embargo, desde fines de 2023, y bajo el pretexto de un giro geopolítico, quebró una tradición de Estado y fue abandonando espacios multilaterales clave”.
En el ámbito local, la Subsecretaría de Derechos Humanos continúa con ajustes, incluyendo el despido de seis integrantes del Consejo Federal. La nueva conducción, al mando de Leonardo Szuchet, dejó en suspenso el traslado de la sede desde la ex ESMA y no modificó el discurso del Museo de la Memoria. La Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería pasó de la Secretaría de Relaciones Internacionales a la de Culto.
