La diputada Natalia De La Sota presentó una denuncia judicial contra el ministro de Salud, Mario Lugones, por incumplimiento de un fallo que ordenaba regularizar pagos a prestadores de discapacidad.
Buenos Aires, 10 julio (NA) – La diputada nacional Natalia De La Sota denunció ante la Justicia federal al ministro de Salud, Mario Lugones, argumentando que no cumplió con un fallo impuesto relacionado con pagos adeudados a los prestadores de servicios que atienden a personas con discapacidad.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, De La Sota afirmó que el ministro Lugones cometió el delito de “desobediencia judicial” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La denuncia fue presentada ante la Justicia federal de Córdoba, donde expuso que el funcionario desoyó la sentencia del juez Hugo Vaca Narvaja, la cual había ordenado que se regularizaran los pagos y las prestaciones para los beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad, tanto del PAMI como de Incluir Salud.
Como parte de sus argumentos, De La Sota declaró: “El gobierno de Javier Milei insiste en desfinanciar y no cumplir con los programas para las personas con discapacidad. Por eso ahora me comprometí a impulsar esta denuncia, frente al incumplimiento de la sentencia que obliga al ministro Lugones a brindar las prestaciones en materia de discapacidad que no se están cumpliendo”.
El dictamen del juez Vaca Narvaja
El pasado martes 24 de junio, el juez Vaca Narvaja había determinado, mediante un fallo en el caso de la cautelar que él mismo había firmado un mes antes, que exigió al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación (Incluir Salud) que normalicen y regularicen el pago a las prestaciones e instituciones de discapacidad. En ese momento, el juez declaró: “Solo le cumplieron al actor, pero a nivel individual, desconocieron al colectivo. Concedí la apelación, pero sin efectos suspensivos”.
No cumplieron con los pagos
Si bien la determinación del juez se estableció con un margen de 72 horas, los afectados denunciaron el incumplimiento de los abonos que prevé la ley 24.901 a todo el colectivo. Por su parte, el PAMI afirmó que el pago se realizó y añadió que no tienen deudas atrasadas de discapacidad.
En este contexto, se realizó un amparo colectivo donde los titulares de pensiones no contributivas poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), por lo que reciben cobertura mediante Incluir Salud o PAMI. La acción también involucra a un grupo integrado por progenitores, tutores, curadores, apoyos y cuidadores de esas personas con discapacidad.
¿Qué dice el fallo?
El escrito del fallo demuestra que, aunque el Estado Nacional pretendió exponer el cumplimiento en un caso particular, dicha acción no afecta el eje central basado en el incumplimiento en el resto de los casos.
Asimismo, si bien Incluir Salud acreditó los pagos en un caso para los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, la interpretación del juez señala que lo dicho da cuenta de que el organismo no solamente estaba en la obligación de pagar, sino que también tenía los fondos necesarios y disponibles para abonar.
Por eso, la lectura es que es injustificado el accionar con el resto de los casos, generando la “desatención del resto de los integrantes del colectivo”. Lo propio fue corroborado con los informes de diversas instituciones como Apadim, Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría, las cuales informaron deudas pendientes de más de cinco meses.
Frente a este escenario, De La Sota, alejada del peronismo cordobés, hace unos días se reunió con el referente del Partido Justicialista porteño, Juan Manuel Olmos, para comenzar la “construcción de una alternativa a Milei con sentido federal”.
Sobre el encuentro, desde el espacio de la legisladora, Defendamos Córdoba, indicaron que los dirigentes “analizaron las alternativas de construcción frente al modelo libertario que deteriora los salarios, endeuda a las familias, destruye el empleo registrado y cierra fábricas”.