El Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, enfrenta una serie de dificultades que incluyen la pérdida de poder centralizado debido a la reforma laboral, un déficit millonario en su obra social y la reciente clausura de una distribuidora donde trabajaba su hijo menor.
El Sindicato de Camioneros, históricamente controlado por la familia Moyano, enfrenta una serie de desafíos que podrían debilitar su estructura nacional. Según información proporcionada por fuentes del sector, una decena de provincias avanzan con convenios colectivos propios, amparados en la reforma laboral sancionada en febrero. Esta medida permitiría a las cámaras empresariales eludir el convenio nacional y establecer acuerdos regionales, lo que reduciría el alcance del mandato sindical que la familia Moyano ejerció a nivel nacional.
Hugo Moyano, de 82 años, enfrenta este escenario como uno de los mayores desafíos de su carrera dirigencial. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) impulsa la celebración de convenios provinciales, argumentando que las ganancias y los costos varían significativamente entre las grandes urbes y las zonas rurales, por lo que resulta inviable mantener los mismos salarios para todos los trabajadores del sector. La reforma laboral, según lo declarado por representantes de la cámara, otorga la posibilidad de implementar esta diferenciación.
La situación genera preocupación no solo en el entorno de Moyano, sino también en el resto del mundo sindical, que observa la posibilidad de una réplica en otras actividades. Fuentes sindicales indicaron que, una vez finalizado el Mundial, se iniciarán medidas de fuerza rotativas por sector, conocidas como “paro a la francesa”, en lugar de paros generales, que hasta ahora no habrían resultado efectivos contra la gestión del presidente Javier Milei.
Además de la posible pérdida de poder centralizado, el clan Moyano enfrenta otros problemas. La obra social del gremio, gestionada por Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, presenta un déficit de más de 60.000 millones de pesos. Hace un mes, los 190.000 afiliados perdieron el descuento en medicamentos, lo que puso en evidencia las deudas acumuladas. La legisladora porteña Graciela Ocaña, quien investiga a Moyano desde hace años, solicitó la intervención de la obra social ante la Superintendencia de Servicios de Salud, aunque el Gobierno no habría dado curso a la presentación. Ocaña apunta a presuntas irregularidades entre la prestadora de salud y empresas vinculadas a la familia.
A principios de julio, la distribuidora de bebidas Express Beer, donde Jerónimo Moyano, hijo menor de Hugo, se desempeñaba como empleado y delegado desde 2023, cerró sus puertas. El Sindicato de Camioneros emitió un comunicado en el que señaló que la empresa dejó sin trabajo a 220 personas “sin brindar respuestas acordes a la gravedad de la situación”, sin mencionar que uno de los afectados era el hijo de Moyano.
Hugo Moyano reconoció, según fuentes cercanas, que ya no es intocable. La Justicia no avanza con celeridad en las causas que lo involucran, pero entiende que perdió poder de fuego. Su última aparición pública fue hace dos semanas en una reunión de las 62 Organizaciones Peronistas, el brazo político del movimiento obrero, donde se buscó plantar bandera de cara a 2027 y cerrar grietas internas. Octavio Argüello, colaborador de Moyano, afirmó durante esa reunión: “Si no ordenamos la discusión política, va a ser muy difícil ordenarse a nivel gremial”. Las diferencias dentro de la CGT también habrían debilitado al clan Moyano.