El Gobierno de La Rioja afronta este lunes un vencimiento de US$ 7.720.439,51 por el título RIL32, mientras mantiene en cesación de pagos los Bonos Verdes y un conflicto judicial con acreedores internacionales.
Buenos Aires, 21 julio (NA) – El Gobierno de La Rioja debe afrontar este lunes un desembolso equivalente a US$ 7.720.439,51 por un título de deuda pública, mientras la administración de Ricardo Quintela continúa en cesación de pagos por otro bono y mantiene abierto un conflicto judicial con acreedores internacionales.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el vencimiento corresponde al sexto servicio de amortización e intereses de los Títulos de Deuda Pública Clase II RIL32, emitidos por la Provincia en dólares estadounidenses y con vencimiento final previsto para 2032.
La documentación firmada por el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Orlando Fabián Blanco Gómez, precisa que el desembolso está compuesto por US$ 6.125.668 en concepto de amortización de capital y otros US$ 1.594.771,51 por intereses devengados entre el 21 de enero y el 20 de julio de este año.
Aunque las obligaciones están denominadas en dólares, la Provincia informó que el pago será realizado en pesos argentinos al tipo de cambio aplicable, de acuerdo con las condiciones fijadas en el prospecto de emisión. Los fondos deberán transferirse mediante el sistema electrónico del Banco Central a una cuenta de Caja de Valores.
El título RIL32 posee un monto nominal original de US$ 49.005.344, paga una tasa fija anual del 7,5% y contempla servicios semestrales de intereses. La amortización del capital comenzó en julio de 2025 y se distribuye en ocho cuotas anuales equivalentes al 12,5% de la emisión.
El pago constituye una obligación regular del cronograma financiero provincial. Mientras cumple con este instrumento, la gestión Quintela continúa en default por los denominados Bonos Verdes, emitidos originalmente para financiar el Parque Eólico Arauco.
La cesación de pagos comenzó en febrero de 2024, cuando la administración provincial dejó sin cancelar una cuota de capital de aproximadamente US$ 16 millones. Desde entonces, los tenedores iniciaron acciones en tribunales extranjeros y buscaron avanzar sobre activos vinculados con la Provincia, incluidas participaciones estatales y bienes relacionados con el emprendimiento energético.
Esa diferencia entre obligaciones cumplidas y deuda impaga exhibe una estructura financiera fragmentada: La Rioja sostiene determinados compromisos locales o pagaderos en pesos mientras continúa enfrentada con los acreedores de títulos colocados bajo legislación extranjera.
El Gobierno provincial atribuyó parte de sus dificultades a la caída de transferencias nacionales y a la pérdida de recursos federales. Las decisiones sobre la emisión, renegociación, priorización y pago de deuda corresponden al Ejecutivo riojano y a su Ministerio de Hacienda.
La administración de Quintela deberá explicar además cómo impactará el desembolso sobre las cuentas provinciales, qué recursos presupuestarios serán utilizados y cuál es el stock actualizado de compromisos en moneda extranjera. El aviso remitido al mercado detalla el pago puntual, pero no presenta una fotografía integral de las obligaciones financieras que deberá afrontar la Provincia durante los próximos meses.
Los acreedores del Bono Verde mantienen sus reclamos y la Provincia busca reestructurar una deuda que dañó su acceso al crédito y la dejó como un caso excepcional entre las jurisdicciones argentinas.